http://hdl.handle.net/20.500.11799/40886 2026-07-07T16:49:41Z http://hdl.handle.net/20.500.11799/144207 REFORMA CONSTITUCIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE LEGISLADORES EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN GONZÁLEZ BERRÚM, YONY Derivado que existen temas muy polémicos inherentes a la res publica, en virtud de que al ser expuestos en conversaciones tanto formales como informales y precisamente revestidos de ese carácter por tratarse de asuntos públicos, resultan ser interesantes, controversiales y, sin lugar a duda envolventes; en ellos, quienes participan de dichos debates, exponen sus ideas y sostienen con vehemencia sus opiniones e intereses —en muchas ocasiones erróneos, en otras acertados—, pero en la mayoría de las veces, motivados por sus posturas y percepciones políticas, prescindiendo de un sustento jurídico sólido. Prueba de ello podrían ser cuando se habla del fuero constitucional, sueldo de los diversos servidores públicos, pensiones a expresidentes, realizar alguna obra pública, cancelar otra, prestaciones de los miembros del Poder Legislativo, etcétera, temas de los que diversos actores de la vida pública han encontrado una fuente inagotable de ganancia política, sin que necesariamente la gente que opine al respecto entienda dichos temas o el por qué y para qué de cada una de las instituciones en cuestión. Ahora bien, dado el contexto social y político en el que nos encontramos actualmente, se puede advertir la necesidad de llevar a cabo una reforma estructural dentro del Estado mexicano, dicha reforma implica una diversidad muy amplia de cambios necesarios, realmente significativos, así como controversiales, tal como lo es la disminución de los integrantes del H. Congreso de la Unión, es decir, en ambas cámaras de representantes. Al realizar la valoración de dicha reducción, surgen interrogantes de diversas índoles, seguramente una de las más relevantes es: ¿qué consecuencias traería tomar una decisión de este tipo?, esto nos lleva a considerar que la realización de esta propuesta implicaría a las diversas fuerzas políticas, tanto individuales como colectivas y dentro de este último rubro, incluidas las organizadas y las no 46 organizadas, busquen la mejor manera de posicionar sus capitales políticos y agendas estratégicas dentro del ecosistema legislativo conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, sin embargo, dicha disminución también implicaría que algunas fuerzas políticas quedaran sin representación en el Congreso de la Unión, lo cual, en el caso de darse, derivaría en que dicha decisión pueda considerarse un tanto antidemocrática. 2026-06-12T00:00:00Z http://hdl.handle.net/20.500.11799/144186 ANÁLISIS SOBRE EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PARA LA ASIGNACIÓN DE LEGISLADORES EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN EN MÉXICO LEYVA CRUZ, MARÍA FERNANDA El principio de representación proporcional es fundamental para la representación de todos los partidos políticos en el Congreso de la Unión de acuerdo a la votación obtenida y evitar la sub y sobrerrepresentación, no obstante, enfrenta críticas y limitaciones para el cumplimiento de sus objetivos. La investigación analiza el funcionamiento de este principio en las elecciones del 2 de junio de 2024 a través del marco normativo, sistema electoral, sistema de partidos y preferencia electoral de la ciudadanía a fin de identificar los elementos que fortalecen y limitan el cumplimiento de los objetivos de la representación proporcional. Para el desarrollo de esta investigación se retoma como enfoque teórico-metodológico el Derecho Parlamentario, particularmente la teoría de la democracia y la representación y se utiliza el método de estudio de caso. De esta manera, se propone integrar y eliminar algunos elementos del marco normativo, sistema electoral, sistema de partidos y preferencia electoral de la ciudadanía para reconfigurar este principio al contexto actual. 2026-06-16T00:00:00Z http://hdl.handle.net/20.500.11799/144185 LA CULTURA DE LA DEMOCRACIA CÓMO SISTEMA DE VIDA EN MÉXICO JUÁREZ TOLEDO, CAMERINO La democracia ha sido históricamente entendida, desde una perspectiva predominantemente política, jurídica y electoral; orientada a regular el acceso al poder público mediante normas, instituciones y procedimientos que garantizan la representación popular. Bajo este enfoque, el derecho ha cumplido la función de establecer las reglas del juego democrático, asegurando principios como la legalidad, la igualdad del voto y la alternancia en el ejercicio del poder. No obstante, esta concepción normativa y procedimental de la democracia en pleno siglo XXI, resulta limitada cuando se analiza su impacto real en la vida social y en la formación de una ciudadanía activa, crítica y comprometida con el interés colectivo. El orden constitucional mexicano ofrece una visión más amplia y profunda del concepto de democracia, particularmente a través del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que la educación impartida por el Estado debe basarse, entre otros principios, en una democracia entendida no solo como una estructura jurídica o un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo (CPEUM, 2025 Art. 3). Esta definición introduce un cambio de paradigma relevante tanto para el derecho como para la pedagogía, al vincular la democracia con un proceso formativo integral y permanente, orientado al desarrollo pleno de la persona y de la sociedad. Desde una perspectiva jurídico-pedagógica, concebir la democracia como sistema de vida implica reconocer que el derecho no se limita a regular conductas, sino que también cumple una función educativa y formadora de valores. Las normas jurídicas, en especial las de carácter constitucional, tienen un efecto pedagógico en la medida en que orientan las prácticas sociales, promueven determinados principios éticos y configuran modelos de convivencia. En este sentido, la democracia, más que un conjunto de reglas electorales se proyecta como un principio normativo y axiológico que debe permear las relaciones sociales, las instituciones educativas y los procesos de toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida pública, privada, familiar y personal. La educación adquiere, así, un papel central en la construcción democrática. El artículo 3º constitucional no solo reconoce a la democracia como un valor, sino que la convierte en un eje rector del proceso educativo, responsabilizando al Estado de formar ciudadanos capaces de participar de manera informada, responsable y solidaria en la vida social. Desde esta óptica, la democracia se aprende y se ejerce cotidianamente, a través del diálogo, el respeto a la diversidad, la resolución pacífica de conflictos y la corresponsabilidad social, elementos que deben ser promovidos tanto por el sistema educativo, el marco jurídico y los valores sociales. La necesidad de cambiar el paradigma tradicional de la democracia se vuelve evidente ante los retos que enfrenta el estado constitucional de derecho. La persistencia de desigualdades estructurales, la debilidad de la cultura de la legalidad y la limitada participación ciudadana revelan que una democracia meramente formal no garantiza, por sí misma, la vigencia efectiva de los derechos humanos ni el desarrollo integral de la sociedad. Desde un enfoque jurídico-pedagógico, esta situación demanda repensar la democracia como un proceso formativo que trascienda el ámbito electoral y se traduzca en prácticas sociales orientadas al bien común y a un sistema normativo adecuado. Asimismo, entender la democracia como sistema de vida implica asumirla como un principio transversal del orden jurídico y educativo. Ello supone que las políticas públicas, las instituciones y los programas educativos deben estar orientados no solo al cumplimiento formal de la ley, sino a la formación de una conciencia democrática que permita a las personas ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones de manera activa y responsable. En este contexto, la educación democrática se convierte en una herramienta fundamental para fortalecer el Estado de derecho, al promover una ciudadanía que no solo conozca la norma, sino que la comprenda, la valore y la haga efectiva en su vida cotidiana. Concebir la democracia como un sistema de vida implica reconocer su dimensión normativa y formativa, así como su papel central en la construcción de una sociedad más justa, participativa y comprometida con el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Este cambio de paradigma resulta indispensable para consolidar una democracia sustantiva, capaz de trascender las normas y las instituciones, y de arraigarse en la conciencia y las prácticas cotidianas de la ciudadanía. 2026-06-29T00:00:00Z http://hdl.handle.net/20.500.11799/144132 El desempeño de los congresos locales en la transición y consolidación de la democracia. Los casos de Aguascalientes y Zacatecas Acosta Jiménez, Alfredo A partir del contexto histórico que surgió de la transición a la democracia en México, se aborda el cambio institucional de los congresos locales de Aguascalientes y Zacatecas durante sus propios procesos de transición a la democracia, lo cual propició las condiciones de alternancia y pluralidad política que impulsaron dicho cambio. En este sentido, la investigación se centra en analizar el papel que han desempeñado las legislaturas locales en la institucionalización de los congresos a estudiar para transformarlos en órganos autónomos, independientes de otros poderes u organismos. Bajo estas circunstancias, la implementación de la agenda legislativa, el surgimiento de un sistema de comisiones y la creación de políticas públicas emanadas del Parlamento, se convirtieron en las herramientas propicias para instaurar una relación más cercana entre los congresos locales y la sociedad, con lo cual los legisladores se han convertido gradualmente en auténticos representantes del pueblo. 2026-05-26T00:00:00Z