El Estado como garante del interés superior de la niñez frente al procedimiento de adopción

Abstract

l contenido de este trabajo de investigación se enfocó a un análisis minucioso de la Ley que Regula los Centros de Asistencia Social y las Adopciones en el Estado de México, vigente a partir del año 2015, ya que la misma a consideración del sustentante transgrede disposiciones de carácter internacional, federal y estatal, y que a la fecha se encuentran contempladas en Código Civil del Estado de México, como la Patria Potestad, la Custodia Legítima, el Procedimiento denominado Entrega de Menor y la falta de rectoría del Estado en el Procedimiento de adopción. Durante la investigación se consideraron aspectos importantes como el derecho social su evolución, teorías que lo sustentan, su base constitucional, y la importancia en la asistencia social en los tres niveles de gobierno en México; creándose las instituciones conocidas como “DIFS”, dotándolas de funciones que le concede la ley y con estructuras especiales para auxiliar a los niños, niñas o adolescentes cuando se encuentre en estado de vulnerabilidad para cuidarlos y protegerlos, a través de los recursos que la legislación en la materia les faculta. En este sentido las reformas, adiciones y abrogación que se proponen a diversos artículos de ley en análisis van encaminadas en tres grandes propuestas, la primera, que el Estado por conducto de las Instituciones Públicas del DIF Estatal y DIFS Municipales, sean los garantes de los menores que se encuentran en estado de vulnerabilidad, velando por sus derechos a pertenecer a toda costa a su familia de origen; la segunda para que en los juicios de entrega de menor por la madre, el Estado sea el Tutor Legítimo, no concediendo facultades a las Instituciones Privadas que sólo debe ejercer el Estado, delimitando su coadyuvancia de cuidar, guardar y proteger a los menores que las Instituciones Públicas se los pongan bajo su resguardo y la tercera que el procedimiento de adopción sea regulado por el DIF Estatal con el objeto de que los solicitantes sean estudiados por las áreas especializadas para este trámite, trasparentando el proceso en una sola lista de espera y no una en cada Institución tanto pública como privada.