Procedimiento sancionador electoral el Estado de México, evolución del del modelo de comunicación política

Abstract

La competencia política electoral en México, ha experimentado diferentes cambios y ajustes en sus diferentes estructuras; una de ellas, la relativa al desarrollo de la comunicación política, sus alcances y regulación. El modelo de comunicación política desarrollado a partir de la reforma constitucional y legal en materia político electoral de los años 2007 y 2008, en que por lo que hace al contenido de la propaganda política que emiten candidatos y partidos políticos, estableció restricciones, consistentes en prohibir expresiones que denigren a las instituciones y a los partidos políticos y que calumnien a las personas; designando al Instituto Federal Electoral como autoridad encargada de investigar y sancionar las conductas infractoras de tal disposición, ha presentado diversos cambios desde su implementación. De manera que las primeras experiencias en los procesos electorales que siguieron a esta reforma, derivado de las resoluciones emitidas por el Instituto Federal Electoral, en que resolvió sobre algunas expresiones consideradas por los quejosos como injuriosas o denigratorias, y cuyas resoluciones fueron objeto de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fueron trazando la ruta que mediante criterios jurisdiccionales, el tribunal electoral federal, fue delineando, para definir o precisar los alcances de estas restricciones a la libertad de expresión. La construcción de criterios, atendiendo no solo al contexto nacional sino a las resoluciones emitidas en otros países, así como instancias internacionales como la Corte Interamericana de derechos Humanos, estableció márgenes cada vez más amplios respecto del ejercicio de la libertad de expresión, y la de difusión de cualquier idea u opinión, que como derechos fundamentales tutelan los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente. Esta definición de criterios jurisdiccionales, en que la libertad de expresión es la hoja de ruta en la calificación del contenido de la propaganda electoral, fue atendida por el legislador en la reforma constitucional y legal en materia político electoral del año 2014, en que por un lado, transitamos hacia un sistema nacional de elecciones, con una redistribución de funciones entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Publicas Locales Electorales, y por el otro, la función de investigar y sancionar las violaciones en materia de propaganda electoral, se 4 dividieron entre la autoridad administrativa electoral para la instrucción de las quejas relativas, y la autoridad jurisdiccional electoral para la resolución correspondiente. Por otra parte, la reforma reconoció los criterios emitidos por los tribunales electorales en cuanto a la expansión de los límites a libertad de expresión, eliminando del precepto constitucional la prohibición de denigrar instituciones y partidos políticos, privilegiando la tolerancia y la crítica severa, como elementos determinantes en el debate público que propicia una ciudadanía informada y eventualmente la toma de decisiones con un voto razonado.