Resumen:
La emergencia sanitaria mundial provocada por la enfermedad COVID-19 ha cimbrado, desde sus cimientos, el paradigma del Estado de derecho y, por consecuencia, la proyección del Estado constitucional como el mejor escenario posible para la vida humana. Las medidas que de inmediato se adoptaron en varios países hicieron evidente la fragilidad de los derechos humanos constitucionalmente consagrados5 y pusieron, bajo la lente de los análisis más rigurosos, los fundamentos, razones y justificación de la actuación de las autoridades; respecto a lo primero, afloró de inmediato la fragilidad del andamiaje jurídico, que, evidentemente, no había sido diseñado para casos inusitados como el que hoy padecemos a causa de ese virus; en cuanto a lo segundo, las medidas adoptadas para el corto plazo pusieron al descubierto la facilidad con que los actos de autoridad pueden limitar, aminorar, e incluso restringir, los derechos de los habitantes