Resumen:
La tradición democrática de nuestro país deviene de las luchas históricas, desde que se instauró el derecho al voto universal, posterior a la guerra de independencia en 1824, este se ha reformado a la par de las nociones de ciudadanía, para incluir progresivamente a todas las voces en la construcción de la nación. Para las mujeres, el reconocimiento pleno de su calidad de ciudadanas no fue fortuito, fue una demanda impulsada por las luchas feministas que garantizaron el derecho al voto, y con ello de manera casi simultánea, la lucha por el acceso a la educación, al mercado laboral y al uso de anticonceptivos, etc. Fue en este momento, que las mujeres comenzaron a identificarse como sujetos de derechos, principalmente en las zonas urbanas del cada país.
Desde entonces y a la fecha, los procesos que las mujeres viven para acceder libremente a la toma de decisiones en la esfera pública continúan y adoptan nuevas formas, al tiempo que nuestro sistema político ha avanzado en la formulación de un marco legal que garantice su participación democrática bajo el principio de la igualdad. Sánchez Olvera apunta al respecto que “convertir la imagen de las mujeres en sujetos protagónicos del ejercicio y toma de decisiones, nos lleva a reflexionar los caminos necesarios a recorrer para la construcción de su ciudadanía plena que, entre otras cosas, pretende: superar la exclusión que han vivido por siglos, incluir la diversidad, influir como grupo en todos los espacios de decisión, así como generar condiciones, recursos, poderes y acciones afirmativas para lograr el empoderamiento” (2006, p.2). Las medidas afirmativas que se han implementado en México han sido un avance significativo en esta materia, con políticas públicas, leyes y protocolos que pretenden cerrar las brechas de género que persisten en todas las esferas de la vida pública y privada, no obstante, existen obstáculos multifactoriales que han ralentizado el alcance de la igualdad sustantiva.