Resumen:
Aunque México es un Estado democrático en el que constitucionalmente se prevé que la seguridad pública es una función estatal, los problemas en ese rubro han sido preocupantes, por lo que en este artículo se plantea la necesidad y la posibilidad de que tal problema sea afrontado desde la postura ciudadana y no exclusivamente desde la gubernamental. Lo anterior con la finalidad de evidenciar que el juicio democrático lato sensu (JDLS) en su vertiente no estatal es una alternativa de solución, ya que en la investigación que hizo posible este trabajo se encontró que el ciudadano es el ente soberano y principal actor en un Estado democrático y esto indica que tiene la posibilidad de intervenir y participar para ayudar a la solución del fenómeno mencionado, lo cual se puede convertir incluso en un deber cívico cuando el Estado ha incumplido o ha sido deficiente en el cumplimiento de esa función pública. El análisis y desarrollo se realizó bajo el método de estudio de casos con análisis e interpretación de estadísticas sobre el problema en México sin omitir el método jurídico respecto a la normatividad atinente.