Resumen:
Ante situaciones de emergencia como las que están sufriendo muchos países en el mundo debido a la pandemia por COVID-19, es necesario reflexionar sobre la figura jurídica del estado de excepción y su relación con la democracia, todo ello a partir de la regulación jurídica internacional en la que México figura como Estado Parte y también de su regulación constitucional y legal interna que fue aplicada para hacer frente a dicha emergencia sanitaria. Así, bajo el método documental se reflexiona sobre el caso mexicano acerca de la no suspensión o restricción en el ejercicio de los derechos y garantías que prevé el artículo 29 de su Constitución Política, y, por el contrario, la aplicación de normas constitucionales y legales distintas. Se concluye que en situaciones «anormales», las categorías democráticas deben aplicarse como un parámetro general en toda aquella situación estatal cuyas características sean de excepcionalidad y que le representen una emergencia que amenace su seguridad, lo anterior con base en una «excepción democrática» apoyada en la consciencia ciudadana, más allá del cumplimiento formal de lo establecido jurídicamente y de la actuación del Estado a través de sus órganos e instituciones.