Resumen:
La figura de los testigos sociales nace en el marco jurídico federal en el 2008, con el propósito de incluir a la sociedad en los asuntos públicos, de manera que con su participación se contribuya al combate a la corrupción, de ahí que se replicó este modelo en los ámbitos estatales, en este sentido es que surgió la necesidad de realizar un análisis a su evolución a más de diez años de su creación, identificar sus fortalezas y debilidades, cómo se han comportado los diferentes actores y ajustes en su diseño institucional.
Por tal motivo, esta investigación se centra en analizar el diseño e implementación de los testigos sociales en la administración pública estatal, para explicar sus formas de operar en los procedimientos de contratación pública. Se utilizará la comparación en dos unidades contratantes del sector público para saber si la figura de los testigos sociales es un mecanismo de rendición de cuentas a partir de la participación ciudadana. Conviene acotar que la participación ciudadana es un concepto polisémico y, es viable utilizarla para fines de investigación por lo que es necesario acotar su uso y observación, en este caso la participación ciudadana y su probable asociación con la rendición de cuentas (accountability social).
En esta investigación se revisará si los testigos sociales abonan a la transparencia y a la rendición de cuentas; si con la participación de ciudadanos en estos ejercicios se fortalece el estado democrático de derecho, toda vez que el diseño e implementación de la figura del testigo social en la administración pública se ha incorporado desde hace diez años generando altas expectativas como mecanismo para “coadyuvar a reducir los problemas de corrupción y opacidad públicos”. Esto justifica en parte la realización de esta investigación, es decir, para conocer sus resultados en la administración pública estatal según la valoración de los propios testigos sociales.
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