Resumen:
En este ejercicio académico se investigó y analizó la correlación que existió entre los órganos de Protección Internacional de los Derechos Humanos con el sistema de justicia penal mexicano, a partir de dos casos que se ventilaron en los tribunales federales de México: el de los hermanos Verónica y Erik Razo Casales y el de Damián Gallardo Martínez, quienes fueron detenidos y acusados por el delito de delincuencia organizada y secuestro en el 2011 y 2013, respectivamente.
Asimismo, se analiza el conflicto entre este modelo de justicia, basado en la teoría penal del enemigo de Günther Jakobs (2003), con el modelo de justicia penal acusatorio basado en la teoría garantista de Luigi Ferrajoli (2007), ambos adoptados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917). Además, se destaca el compromiso del Estado mexicano con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, sobre todo a partir de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011. Del análisis se desprenden múltiples violaciones a los derechos humanos de los procesados y sus familiares.