Resumen:
En las democracias modernas con sistemas representativos como es el caso mexicano se requiere de la existencia de gobernantes (representantes) y gobernados (representados); es mediante el voto universal donde los primeros son elegidos por los segundos, de tal forma que los representados tienen una ardua labor al momento de elegir a sus representantes, pues es a ellos a quienes les delegan parte de su participación en la toma de decisiones de los asuntos del Estado. Por lo que cada ciudadano/a debe estar plenamente informado sobre sus alternativas democráticas, conocer sus propuestas y sus planes de trabajo que le permitirán contrastar dicha información con sus propia ideología e intereses y de este modo emitir el voto a la opción que le resulte de mejor conveniencia.
Por ello lo ideal sería tener alternativas y diversidad entre ellas, no obstante en México, la figura de los representantes ha estado abanderada durante décadas por partidos políticos, es decir, los partidos políticos resultan ser el único vehículo para poder acceder a ocupar algún cargo de elección popular lo que sin duda limita el margen de aplicación de algunos derechos humanos y derechos políticos con que gozan los seres humanos como pueden ser; el derecho a la libertad de autodeterminación y el derecho a votar y ser votado, derechos que se analizarán más adelante y que resultarán punto clave para obtener el reconocimiento de las candidaturas independientes en México.
Del mismo modo dotar a los partidos políticos como la única opción legalmente reconocida para poder hacer valer el derecho pasivo a ser votado, no solo limita las alternativas a la ciudadanía para elegir a sus gobernantes, sino que además favorece la pérdida de confianza social para con la democracia y sus instituciones. Es por ello que surge la urgente necesidad de refrescar al sistema, dando apertura a una nueva forma de participación democrática ajena a la partidocracia como pueden ser las candidaturas independientes que, después de calurosos debates nacionales e internacionales, en el caso mexicano serían legalmente establecidas en la reforma constitucional a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, con lo que a partir de las elecciones de 2015 se abría la posibilidad de poder competir por un cargo de elección popular sin el cobijo de algún partido político.