Resumen:
Con el propósito de erradicar las desigualdades sociales, especialmente las desigualdades de género que afectan en mayor medida a las mujeres; se han desarrollado diversas acciones impulsadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de políticas gubernamentales y políticas públicas, implementadas por sus países miembros. En el ámbito de las acciones dentro de la administración pública, destaca la Transversalidad de Género (TG).
Se trata de una herramienta que, desde el interior de los entes públicos, pretende contribuir a la disminución de desigualdades. Buscando que en la toma de decisiones, el diseño de las políticas públicas, la asignación de recursos, la implementación y la evaluación de dichas políticas; esté presente la perspectiva de género en toda la organización pública, y por lo tanto en todas las áreas y niveles jerárquicos que la componen.
Con este fin, en México se han implementado diversos mecanismos para transversalizar la perspectiva de género en el sector público, siendo uno de los más importantes la creación de las Unidades de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia (UIGEV) en las dependencias (nacionales, estatales o municipales). Cuyo propósito es implementar esa transversalización, con acciones que mejoren las condiciones de igualdad entre mujeres y hombres y erradiquen las violencias; especialmente el hostigamiento y el acoso sexual.
Pues si bien su instauración en las instituciones federales y en las del Estado de México, es una realidad desde hace algunos años y su funcionamiento ha ido de la mano de diagnósticos que han reconocido sus áreas de oportunidad. En los gobiernos locales mexiquenses, como el de Ixtlahuaca, pese a que existe un mandato que los obliga a conformarlas y con el que cumplen; su instauración no hace que automáticamente, tengan las condiciones para que la UIGEV funcione oportunamente.