Resumen:
El presente artículo de divulgación tiene como objetivo fundamental, realizar un estudio doctrinal y normativo de como la figura de la “Responsabilidad Patrimonial del Estado” estatuye una herramienta garante al alcance de los gobernados, que permite impulsar el buen funcionamiento de los órganos gubernamentales dentro del ámbito de sus funciones. El presente artículo de investigación es de corte cualitativo, parte de un diseño no experimental, que se encuentra en un espectro documental bibliográfico oblicuo. Derivado del estudio documental, se identificó que la Responsabilidad Patrimonial del Estado es un procedimiento de reclamación que, no solamente permite indemnizar al gobernado frente a actos administrativos irregulares que hayan afectado su esfera jurídica, sino que, además, desde una perspectiva jurídico-social, constituye una herramienta de formación para los servidores públicos tendientes a crear un buen gobierno a través del buen desempeño de sus funciones, a través de la facultad punitiva del Estado en la vía administrativa. La pregunta por resolver es, ¿La Responsabilidad Patrimonial del Estado resulta funcional para la coacción de un buen gobierno desde la participación ciudadana? De dicha premisa se discierne que la Responsabilidad Patrimonial del Estado es una institución jurídica tanto reivindicatoria para los gobernados, así como de impulso para el buen funcionamiento de los órganos gubernamentales, dada la propia y especia naturaleza de dicha institución.
Descripción:
La existencia, garantía y promoción de un buen gobierno, ha sido tema de estudio y análisis doctrinal por muchos juristas letrados del derecho administrativo a lo largo de la historia contemporánea, sin embargo, poco se ha discutido de los mecanismos administrativos de su impulso a través de las facultades punitivas del Estado, es decir, como el derecho administrativo sancionador tiene una injerencia directa visible y tangible en el mejoramiento de la administración pública, desde una lectura como una institución jurídica accionable por los gobernados.