Resumen:
La maternidad subrogada es una práctica médica y jurídica que ha generado un amplio debate en México por sus implicaciones éticas, sociales y legales. En la actualidad, solo algunas entidades federativas, como Tabasco y Sinaloa, contemplan en sus legislaciones disposiciones especificas para regular esta figura, mientras que en la mayoría del territorio nacional se encuentra en un estado de vacío normativo o de prohibición expresa. Esta situación genera desigualdades en el acceso a este procedimiento, además de inseguridad jurídica para las partes involucradas: la mujer gestante, los padres de intención y los menores nacidos bajo este contrato.
El presente trabajo de investigación se centra en el análisis del contrato de maternidad subrogada en Sinaloa y Tabasco, estados que constituyen referentes obligados en el estudio de esta institución en México, debido a que su marco legal permite identificar mecanismos de regulación aplicables a nivel nacional. El propósito es determinar si las disposiciones jurídicas de estas entidades pueden servir de modelo de aplicación de carácter obligatorio en todo el país, garantizando con ello la protección de derechos humanos fundamentales y una mayor certeza en la práctica.
La investigación adopta en enfoque teórico-doctrinal, sustentado en el análisis de la legislación comparada, doctrina especializada y criterios jurisprudenciales relevantes. A través de esta aproximación se busca demostrar que una armonización normativa es necesaria para evitar prácticas discrecionales, prevenir abusos y dotar de seguridad jurídica tanto a los contratos como a los derechos derivados de ellos.
Asimismo, se examinarán los derechos humanos en juego, tales como el derecho a la salud reproductiva, el libre desarrollo de la personalidad, la autonomía reproductiva de las mujeres, el interés superior del menor y la protección a la familia. Estos elementos resultan esenciales para valorar la viabilidad de un modelo normativo uniforme que logre equilibrar la autonomía individual con la función regulatoria del Estado.
La relevancia del tema radica en que la ausencia de una legislación federal uniforme genera conflictos interjurisdiccionales y desigualdad de trato entre los ciudadanos mexicanos, dependiendo de la entidad en que se encuentren. Por ello, el análisis de los casos de Tabasco y Sinaloa ofrece un punto de partida sólido para plantear la posibilidad de un modelo nacional de regulación de la maternidad subrogada, que sea respetuosos de los derechos humanos y que al mismo tiempo brinde seguridad y certeza a todos los involucrados.