Resumen:
El comercio callejero de alimentos en México es un fenómeno
cultural, económico y social clave, que diariamente alimenta
a millones de personas con platillos como tacos, tamales y
aguas frescas, mientras sustenta a más de 840,000 trabajadores informales (INEGI, 2024). Sin embargo, esta práctica
enfrenta graves desafíos en salud pública, regulación y condiciones laborales. Aunque es una tradición arraigada (Cross,
1998), los puestos ambulantes son focos de enfermedades
transmitidas por alimentos (ETA), con 3.4 millones de casos
reportados en 2022, incluyendo infecciones por Salmonella y
E. coli (SINAVE, INAPAM, 2023). La falta de higiene y la insuficiente regulación agravan estos riesgos, reflejando lo que se
describe como "un largo camino de patógenos y olvido". Además, el sector opera en condiciones de precariedad: el 97.6%
de los vendedores carece de seguridad social, y el 55% son
mujeres, muchas jefas de hogar, concentrándose en estados
como Estado de México, Veracruz y CDMX (INEGI/Secretaría
de Economía, 2024). Esta informalidad profundiza desigualdades y vulnerabilidades. El capítulo analiza el tema desde la salud colectiva, examinando cuatro dimensiones: 1) Laboral: condiciones injustas y falta de derechos; 2) Sanitaria:
riesgos para consumidores y vendedores; 3) Normativa:
vacíos en regulaciones locales y federales; 4) Políticas públicas: respuestas fragmentadas o ausentes. Con datos de
INEGI, CONEVAL y estudios académicos, se evidencian las
contradicciones entre el valor socioeconómico de la comida
callejera y su precariedad. El texto concluye proponiendo
políticas integrales que equilibren la seguridad alimentaria
con el sustento de los trabajadores, destacando la urgencia
de abordar el problema desde un enfoque multisectorial y de
derechos humanos.