Resumen:
La procuración y administración de justicia han sido sinónimos de impunidad en el
Estado mexicano, la realidad institucional evidencia una profunda brecha entre los
marcos jurídicos y la práctica efectiva. Casos emblemáticos como Tlatelolco,
Ayotzinapa y Atenco permanecen, hasta hoy, sin una resolución integral que
garantice los derechos de las víctimas y la sociedad, lo que refleja un patrón
continuo de impunidad. En este sentido, estadísticas internacionales y nacionales
reflejan la realidad del Estado mexicano, por ejemplo: de acuerdo con World
Justice Project (WJP), México ocupa el lugar 135 de 142 países en cuanto a la
eficacia del sistema penal; por otro lado, de acuerdo con el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), en México se mantiene una cifra negra total del
90.4%, lo que se traduce en que tan solo el 9.6% de los delitos cometidos en el país
han sido reportados; finalmente, el Índice Global de impunidad (IGI) registra un
porcentaje total del 46% para el estado mexicano.