Resumen:
En el siglo XIX se gestó un movimiento liberal en México motivado por la marcada desigualdad social, económica y política heredada del periodo virreinal. Por lo que a lo largo de este siglo en el país fue gestándose un gran movimiento intelectual de liberalismo político que pugnaba contra los gobiernos autoritarios y pretendía la construcción de una nueva concepción de Estado. Los pensadores liberales decimonónicos buscaban un cambio radical en la población mexicana, en general, y en la étnica, en particular, en el que la libertad, la justicia y la igualdad ante la ley se hicieran presentes para todos.
Aunque no fue un proceso sencillo por la vida convulsiva que vivió México: luchas interminables entre liberales y conservadores, intervenciones extranjeras y la arraigada cultura de las jerarquías y dependencia social, entre otros aspectos que para unos iban en contra y para otros a favor. De cualquier modo, los congresistas, una vez lograda la independencia y partiendo del principio de la unidad nacional, pretendían la integración sociocultural de las mayorías, fundamentalmente de los indígenas y, por ende, de los peones quienes habían sufrido la dominación, explotación y exclusión por siglos. De tal suerte que se gestó una normatividad constitucional en este siglo XIX que pretendía encaminarse a esos objetivos de inclusión: la Constitución Política de 1824, Las Siete Leyes Constitucionales de 1836, las Leyes Orgánicas de 1843, la Constitución de 1857 y las Constituciones Políticas de los Estados de la República Mexicana.
Descripción:
En este sentido, este trabajo pretende mostrar que dicho proceso legislativo respecto a la ciudadanía, aunque estaba impulsado para lograr la unidad nacional de todos los mexicanos, terminó por mantener la desigualdad social, empeorando las condiciones de vida de los peones y otros grupos sociales de México en el siglo XIX. Para efectuar este análisis, se utilizó el método histórico analítico, se recurrió a la revisión bibliográfica sobre el tema. Se revisaron y analizaron los expedientes del Archivo Histórico del Estado de México (AHEM), del Archivo Histórico Municipal de Toluca (AHMT), Archivo General de Notarías del Estado de México (AGNEM), Archivo Histórico del Agua (AHA), Archivo General de la Nación (AGN) y el acervo del Fondo Reservado de la Biblioteca Pública del Estado de México.