Resumen:
El trabajo tiene por objeto analizar el narcotráfico en México desde de la visión sociológica y jurídica a partir de 2006. Se realizó el estudio de las drogas y el narcotráfico como problema a nivel internacional y local.Dentro del ámbito jurídico, resultó importante estudiar el papel que tuvo el derecho en este conflicto social ya que se plantea que ha fungido como instrumento del poder político y su función se ha tergiversado, pasando a ser de un ente encargado de impartir justicia a legitimar decisiones del Ejecutivo. Finalmente el análisis estudió las consecuencias de tipo político, económico, social, y cultural a efecto de construir un nuevo discurso en donde la legalización es una vía alterna al combate frontal.
Descripción:
El narcotráfico es un problema a nivel internacional que tuvo su origen en políticas prohibicionistas principalmente impulsadas por Estados Unidos desde finales de los años 60’s bajo la dministración de Richard Nixon argumentando un problema de seguridad nacional. Precisamente es bajo la bandera de seguridad nacional que la nación norteamericana ha efectuado diversos esfuerzos fuera de su propio territorio para evitar que las drogas entren en su país, ejemplo de ello lo fue la Operación Intercepción. El vicepresidente estadunidense Joe Biden ha mencionado que: “combatir las drogas en las fuentes ha sido la pieza central de los esfuerzos de EUA desde hace más de dos décadas; no obstante, a pesar de los esfuerzos norteamericanos, la población mundial de drogas ha aumentado considerablemente. La producción de coca aumentó un 143% desde 1982, la producción de opio aumentó un 84% en el mismo periodo y la producción de marihuana aumentó un 33%” (Del Olmo, 1997). Por su parte, México ha tratado de ser un alumno ejemplar en el combate contra los drogas frente a Estados Unidos y la organización de las Naciones Unidas, no obstante, la estrategia punitiva no ha logrado los resultados esperados. Las instituciones policíacas muestran todavía debilidades y fragilidad, unas más que otras, ante la expansión de la corrupción que parece incontenible. Las instituciones de seguridad se han deteriorado por los efectos combinados del dinero de los traficantes, la ausencia de una ética de servicio a la ciudadanía y la irresponsabilidad política de partidos y gobernantes pasados y presentes (Astorga, 2015:19). Las consecuencias, producto de una guerra contra el narcotráfico fueron muchas y en diversos campos, tales como en el ámbito político, económico, social y cultural; no obstante, el más importante recayó precisamente en la sociedad, ya que los altos índices de violencia que se desplegaron a lo largo del país denotaron la poca capacidad de repuesta que tuvo el gobierno ante los ataques del crimen organizado, aunado a los visibles actos de corrupción, en los cuales intervenían altos funcionarios de todos los niveles de gobierno. En ese sentido Astorga se cuestiona lo siguiente: ¿Por qué las luchas entre organizaciones de traficantes han sido más violentas en los últimos años si las leyes prohibicionistas en México datan de los años veinte del siglo pasado? La explicación no radica en la ilegalidad de las drogas per se, ya que estas fueron y siguen siendo legales, por lo tanto el negocio de las drogas no es violento en sí mismo. Tienen que presentarse ciertas condiciones que hagan posible recurrir a la violencia de manera frecuente, sostenida, como un elemento central de la lucha por la hegemonía del campo. La clave está en las decisiones políticas derivadas de procesos coyunturales que en el caso particular de Calderón fue la elección presidencial del año 2006, misma que originó el inicio de la guerra contra las drogas. Anteriormente resultaba difícil pensar que el narcotráfico pudiera generar tales niveles de violencia y se convirtiera en un problema que amenazara la seguridad del país, ya que las propias condiciones de la política mexicana hicieron posible la subordinación estructural del naciente campo del tráfico de drogas al de la política. Las reglas del juego las impuso el poder político mientras duraron las condiciones que le permitieron ejercer un monopolio. De no aceptar esas reglas, (impuestas por más de 70 años por el PRI), los traficantes estaban destinados a salir definitivamente del negocio. Sin embargo, con el debilitamiento del monopolio del poder político en México en donde el PAN comenzaba a ganar campo dentro de diversas entidades federativas, aunado a la escisión del Cártel de Guadalajara y la reconfiguración de nuevos cárteles a lo largo del país, el mapa se empezó a reacomodar, primero en algunos municipios y luego en los Estados bajo los efectos combinados de presiones y demandas sociales, cambios económicos, culturales, reformas políticas, electorales, entre otras circunstancias. La alternancia política en alcaldías, en gobiernos estatales, y en la Presidencia de la Republica en el año 2000, reconfiguró el campo político y por consecuencia al crimen organizado y a los cárteles de la droga. Es así que ahora la lucha por la hegemonía entre las organizaciones criminales se daba de manera hiperviolenta ante la ausencia de un Estado que controlara al crimen organizado, esto debido a que ese antiguo poder de regulación del Estado había perdido fuerza y eficacia en la misma medida en que se transitaba del monopolio a la pluralidad del poder político. Bajo ese contexto, el año 2006 fue un parteaguas en el sistema político mexicano, ya que Calderón careció de legitimidad ante la sociedad, producto de una contienda electoral sumamente cuestionada debido a los resultados tan cerrados que arrojó la misma. Al optar por una guerra en contra de las drogas, Calderón decidió iniciar su gobierno movilizando a las fuerzas de seguridad federales cuyos objetivos eran los siguientes: recuperar la seguridad pública y la legalidad, ejecutar una batalla frontal en contra del crimen y la delincuencia, y recuperar la seguridad de toda región de México que estaba amenazada por el crimen organizado. No obstante, los resultados más allá de ser positivos, resultaron ser contrarios a los planes de Calderón, ya que al desbordarse la violencia a lo largo del país, ésta generó diversas críticas que recaían sobre el ejecutivo, mismo que llegó a ser señalado de autoritario y represor. Un elemento que no podemos soslayar es precisamente la legitimidad que buscó Calderón en la lucha en contra del crimen organizado, ya que si bien es cierto había problemas de seguridad publica en México, parecía ser que una guerra no era el mejor método de acabar con ellos, y mucho menos responsabilizando a las drogas del deterioro en el tejido social.