Desafíos públicos en la universalización segmentada de los Servicios de Salud en México

Abstract

El Sistema de Salud Mexicano se encuentra establecido con elementos concretos que lo distinguen, partiendo de nuestra realidad poblacional respaldada en los resultados oficiales del último censo de población y vivienda emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el año 2010, la población total en nuestro país era de 112,336,538 habitantes, de los cuales el 31.8 por ciento de la población presentaba carencia en el acceso a los servicios de salud, lo que es equivalente a casi 36 millones de personas , lo que representa una estratificación general de los servicios de salud otorgados por el Estado Mexicano no solo en lo tocante a ubicación geográfica, sino a la distribución de recursos financieros, humanos, equipamiento, capacitación e investigación médica, lo cual varía considerablemente de una entidad federativa a otra. Las circunstancias antes señaladas inciden en los porcentajes de morbilidad y mortalidad que presentan las diversas regiones de nuestro país, ya que el acceso a los servicios de salud que ofrece el Estado Mexicano se encuentran estratificados por un sistema, el cual requiere además de la afiliación, el debido cumplimiento de los requisitos y condiciones de elegibilidad, donde generalmente suele estar vinculado a una determinada relación laboral, obteniendo su viabilidad económica a través de cuotas obrero patronales, las cuales se encuentran íntimamente ligadas al salario que percibe un determinado trabajador, así como al tipo de relación laboral de la cual es parte. Es por ello que la población mexicana vive una tremenda estratificación para acceder a los servicios de salud, ya que fueron creadas distintas instituciones con diversos requisitos y condiciones de acceso a los servicios de salud que se prestan, generándose diversidad en derechos, coberturas y garantías brindadas por el Estado Mexicano. Esta segmentación de los servicios de salud es sinónimo de inequidad y fragmentación para la sociedad mexicana, ya que genera marcadas diferencias en la prestación de los servicios de salud, anulando la posibilidad de una verdadera y efectiva universalización de los servicios de salud en México, ya que este modelo divide a la población en función a su relación laboral y capacidad de pago; por lo que existen diversas instituciones de salud con distintos esquemas de financiamiento y diversas coberturas de aseguramiento, lo que representa una falta de coordinación de las acciones del Estado en el ejercicio de sus potestades públicas, las cuales deben atender los principios constitucionales, así como los principios generales del Derecho Social.. Por ello debemos partir de lo dispuesto en el párrafo cuarto del Artículo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud…”4 ; lo que sin duda incorpora un desafío contemporáneo para el derecho público, el cual, no ha ofrecido una vía sistematizada y homogénea apegada al deber ser de los poderes públicos, que permita lograr una coordinación de los distintos subsistemas y prestar servicios de salud a un determinado grupo poblacional, es decir a una derecho-habiencia específica.