La obligatoriedad de la jurisprudencia de la CIDH en el sistema jurídico mexicano: contradicción de tesis 293/2011

Abstract

En la teoría y en la práctica los Derechos Humanos son un tema por demás polémico. Las reflexiones filosóficas, las decisiones políticas y las desalentadoras cifras son solo una parte de la realidad que configura el panorama actual de estos derechos. De las numerosas fuentes de los Derechos Humanos, una de ellas es a la vez origen y consecuencia de éstos : el derecho entendido como sistema de normas que, nutridas de la esencia de éstos responde a la necesidad de reconocimiento y protección de los derechos mínimos, consagrándolos y estableciendo las disposiciones que permiten su garantía y eventual reclamo, defensa y restitución. Tal sistema se integra, en nuestro país, por normas que se derivan tanto del derecho interno como del internacional y que se encuentran previstas por el ordenamiento fundamental que también señala sus bases y principios. Sin embargo, los Derechos Humanos no son inmutables ni estáticos y no se limitan a la letra de la Constitución que solo los reconoce de manera general sino que, por el contrario, representan derechos dinámicos, amplios, complejos y susceptibles a verse afectados por el permanente trabajo que en la materia y en ejercicio de sus facultades constitucionales, realizan los órganos competentes para reformar e interpretar las normas relativas a los Derechos Humanos, transformándolos. En virtud de la necesidad de cambios y mejoras que hagan viable una progresión de estos derechos y ante la innegable presión internacional al respecto, en el año 2011, se llevó a cabo una muy importante reforma en materia de derechos human os, misma que se reflejó en varios artículos de la Constitución, principalmente en el primero que deja atrás la denominación de garantías individuales como sinónimo de derechos humanos y las considera como especies de protección de éstos fortaleciendo a lo s mismos en toda plenitud. Asimismo, se establece en ese primer precepto la observancia de cuatro principios y de un quinto que prevalece en la tarea de interpretar a los derechos humanos, el principio pro persona. Esta reforma en todas sus partes supuso, un enorme avance en la materia y un hito en la historia de esta clase de derechos supremos e indispensables. Todas las autoridades y esferas de gobierno de todos los niveles y ámbitos han de guiar sus actos y resoluciones con base en estos derechos y principios y están obligadas a velar por ellos en todo momento en lo concerniente a sus respectivas competencias. La reforma había de ser llevada a la práctica, eso era y es un hecho, pero los términos en los cuales esto debe tener verificativo no solo provienen de la propia Carta Magna, que por su naturaleza y extensión no podía detallar cada uno de sus puntos y palabras, sino que habían de surgir de los pronunciamientos y criterios de quienes, constitucionalmente, están facultados para tal efecto. La jurisprudencia es derecho pues es consecuencia de la aplicación de las normas y es norma también con toda la fuerza necesaria para serlo y con todos tus efectos. La jurisprudencia relativa a los Derechos Humanos proviene del escenario nacional y del internacional, el peso de una y otra es un tema debatido y justamente este tema da lugar al tema de la presente investigación que tiene por objeto abordar el papel de l a jurisprudencia en materia de Derechos Humanos derivada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto al trabajo y resoluciones de los operadores jurídicos mexicanos todo ellos con respecto a la reforma del año 2011. En este sentido y para tal propósito, este trabajo comienza con la descripción de la naturaleza de los Derechos Humanos, su origen , elementos, principios y características tanto en el contexto internacional como en el mexicano, partiendo para ello de las ideas que referentes a los mismos manifestadas por los más destacados teóricos, haciendo énfasis en el criterio de Robert Alexy jurista y filósofo Alemán cuyas aportaciones resultan adecuadas para el tema que nos ocupa por abordar la colisión de normas de Derechos Humanos y su necesidad de ponderación a través de leyes así denominadas por ese autor. Posteriormente, en el segundo capítulo, se realiza una revisión de los antecedentes de la reforma constitucional efectuada en el año 2011 y del contenido de ésta, artículo por artículo para estar al tanto de su sentido y consecuencias en el escenario jurídico mexicano, además de abordar los principios reconocidos a estos derechos y lo concerniente a su interpretación y al lugar de la jurisprudencia internacional al respecto. Luego, en el capítulo tercero, se dará cuenta de una resolución muy importante relacionada a lo anterior, la Contradicción de Tesis 293/2011 que produjo trascendentes debates al interior del pleno del Máximo Tribunal de nuestro país, que en un ejercicio de interpretación sienta criterios que, por su naturaleza, son obligatorios para todo el Estado Mexicano y de cierto modo, transforman la letra de la Constitución en cuanto a dos aspectos fundamentales, por un lado, la posición jerárquica de los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos con respecto a la normas de igual sentido plasmadas en la Constitución y, por otra parte, el carácter vinculatorio de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos considerada una extensión de la Convención Americana de Derechos Humanos que es un Tratado del que México es parte. Por último, en el capítulo cuarto se confronta el sentido de la Contradicción de Tesis 293/2011 en cuanto al tema de la vinculatoriedad de la jurisprudencia interamericana con las pautas que Alexy señala para el efecto de resolver una eventual colisión de normas en la que el operador jurídico deba inclinarse por una u otro y para lo cual la Constitución y el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecen la necesaria observancia del principio pro persona. Todo esto, se realiza con la finalidad de determinar el grado de afectación que representa la Contradicción de Tesis mencionada sobre el panorama de los Derechos Humanos configurado a raíz de la reforma del año 2011, de las expectativas creadas por esta última y de las implicaciones de la resolución de la Suprema Corte de Justicia en un contexto que requiere de modo apremiante de normas efectivas de Derechos Humanos y no de proyecciones efimeras que aunque obren en el texto fundamental sean interpretadas y modificadas en detrimento de los nobles fines que les motivaron.