"LA OBLIGATORIEDAD DE LA JURISPRUDENCIA EN LA EMISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE PONEN FIN A UN PROCEDIMIENTO"

Abstract

El Estado es la máxima representación evolutiva de las organizaciones sociales, integrándose actualmente por cuatro elementos: territorio, población, gobierno y sistema jurídico; resultando importantes todos y cada uno de estos elementos, pues la simple ausencia de uno de ellos implicaría la no existencia del Estado. Ahora bien, según el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, estableciendo que todo poder público dimana de éste y se instituye para su beneficio, teniendo el pueblo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno en todo momento. Asimismo, el numeral 49 de nuestra Ley Fundamental establece que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Esta división de los Poderes de la Unión, se debe a que cada uno tiene funciones de diversa naturaleza, sin embargo a pesar de ser diferentes las funciones desempeñadas por el poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, éstas tienen como único objetivo el bienestar de los gobernados. Pues justamente la razón de ser del Estado es la protección del pueblo y la satisfacción de las necesidades colectivas, destacándose que entre las necesidades del pueblo mexicano se encuentran la impartición de justicia pronta y expedita, debiendo garantizarse dicho acceso a la justicia mediante su sistema jurídico, participando los tres Poderes de la Unión en la creación de este sistema jurídico. Actualmente el sistema jurídico mexicano se basa en un derecho codificado auxiliado por interpretaciones judiciales, aunque sin duda sigue imperando la doctrina de la supremacía de la ley, lo que implica que la dirección jurídica del estado mexicano sigue basada en la diversa legislación vigente, por lo que para cambiar dicha dirección se requiere reformar a los ordenamientos jurídicos.