Resumen:
Actualmente se impone a los juzgadores (no sólo mexicanos, sino de cualquier Estado constitucional y democrático) que realicen su labor jurisdiccional con apego a los parámetros de legalidad, legitimidad, constitucionalidad y convencionalidad; sin embargo, lo anterior resulta complejo considerando que dichos parámetros no siempre se complementan y, en ocasiones, se contradicen. Este artículo aborda esas complicaciones en la actividad jurisdiccional, tanto de aquella que está destinada a tutelar la democracia y sus principios al interior de un Estado, como de aquella que no tiene ese objetivo ex profeso pero que de forma indirecta le afecta. Lo anterior fue realizado con base en una metodología documental, considerando algunos hechos sobresalientes en los que ha tenido incidencia esa actividad jurisdiccional en México, y se contrasta teóricamente con viejos y nuevos parámetros para la actividad del juzgador. Todo lo anterior es utilizado para determinar cómo, en un intento por satisfacer esos cuatro parámetros en los juicios democráticos mencionados, se puede provocar una ruptura jurídica en lugar de conseguir la uniformidad del sistema jurídico. Estos hallazgos sugieren la necesidad de considerar una nueva forma (pro-democrática) de interpretar los preceptos legales, constitucionales y convencionales, no contradiciendo los fundamentales y generando, además, legitimidad.