Resumen:
En este trabajo se pretende describir uno de los retos más importantes de los gobiernos: el de la política social en torno a grupos vulnerables, como es el caso del Programa de Pensión para Adultos Mayores, en el cual se debate en torno a la universalización de dicho apoyo para la garantía y exigibilidad de trasladarnos de una sociedad depositaria de paliativos y apoyos sociales intermitentes hacia una sociedad de reconocimiento de derechos para este grupo poblacional.
Descripción:
El crecimiento del número de personas mayores en todo el mundo está creando una revolución demográfica global sin precedentes donde México no es la excepción. Se reconoce el envejecimiento de la población como fenómeno social caracterizado por el aumento en el porcentaje de personas mayores de 60 años y en la esperanza de vida.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIGH, 2016) existían 13, 826 779 personas con un rango de edad mayor a los 60 años, de los cuales 6, 391, 853 eran hombres y 7, 434,926 mujeres. Dicho crecimiento exponencial se analizará a detalle en la primera parte del presente artículo.
El aumento de la proporción de personas mayores es cada vez más significativo, lo cual implica nuevos retos en esta materia, particularmente, los procesos de envejecimiento, en el contexto del modelo económico actual, a través de los cuales los adultos mayores se convierten en un sector excluido y marginado de un sistema económico incapaz de redistribuir la riqueza global.
El sistema global ha generado una desigualdad económica y se consideran vulnerables a los “…sectores o grupos de la población que por su condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico se encuentran en condición de riesgo, lo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar”. (García Rosas y Lovera Estévez, 2009: 131)
Los grupos vulnerables se encuentran en desventajas sociales que tienen varias dimensiones, pero sobre todo ante las instituciones, entendiendo éstas últimas como las reglas del juego en una sociedad o más formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre dan forma a la interacción humana. (North, 1993)
De ahí que las instituciones que se han ido modificando son las enmarcadas en las políticas públicas, en el caso de los adultos mayores en políticas para la vejez, definidas como las 3 acciones organizadas por el Estado frente a las consecuencias sociales, económicas y culturales del envejecimiento de la población (Huenchuan, 2003).
Por otra parte, el régimen de asistencia social es aquel que complementa la seguridad social al proteger a las personas en circunstancias adversas o que no tienen prestaciones sociales, como lo puede ser a las personas de la tercera edad cuando se encuentran desamparadas.
(Castro Guzmán & Vela Domínguez , 2012)
Es por ello, que el derecho a la pensión universal ciudadana significa que todos los ciudadanos de determinada edad reciban una pensión hayan o no trabajado en el sector formal de la economía, o bien realizado aportaciones a un fondo de pensiones.
En este trabajo, se pretende reconocer la importancia de las aportaciones que a lo largo de su vida han realizado mujeres y hombres en beneficio de nuestro país, y que una de las mejores formas para reconocer esta labor es el proporcionarles una pensión universal, no como ayuda ni paliativo, sino como un derecho exigible. Razón por la cual, se intenta dar a conocer las características de la universalidad y la interpretación de los beneficios universales versus los derechos sociales.