LA APLICACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA A LA LUZ DE LOS DERECHOS HUMANOS

Abstract

La reforma constitucional en materia de seguridad y justicia penal del 18 de junio de 2008, fue el pilar más importante para cumplir con las recomendaciones internacionales emitidas por el Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero sobre todo para dar pauta a la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, en materia de derechos humanos, pues se eleva a rango constitucional el derecho humano de presunción de inocencia el cual es violentado por los operadores jurídicos al momento de imponer como medida cautelar la prisión preventiva, sin que haya mediado un proceso penal con sus formalidades y sobre todo sin que se haya dictado una resolución judicial que la sostenga. Más aún el uso de la prisión preventiva se lleva a cabo como regla general sin velar por los principios que la sustentan como el de proporcionalidad, necesidad y por supuesto el de excepcionalidad; lo que da como consecuencia que se violenten derechos humanos y fundamentales para el imputado como por ejemplo el de libertad personal, su libertad de tránsito, la seguridad jurídica y su dignidad humana. La prisión preventiva debe ser aplicada de acuerdo a su naturaleza de excepcionalidad y con apego al principio de presunción de inocencia, pues existen trece medidas cautelares que pueden ser impuestas a un imputado como regla general, debido a que la imposición de ésta medida de prisión general daños psicológicos, familiares, sociales, económicos al imputado ya que se encuentra privado de su libertad sin haber tenido una sentencia judicial que así lo determine.