Resumen:
Si bien, el Decreto de Áreas Naturales Protegidas (anp) en la mayoría de los países de Centroamérica y el Caribe se ha dado en diferentes momentos históricos, esta figura jurídica ha surgido básicamente como un instrumento de conservación propuesta por la política de Estado; por tanto, las áreas se encuentran administradas por diversos organismos gubernamentales que a todas luces limitan la participación de otros actores sociales y el aprovechamiento sustentable de los recursos en estos territorios. Las anp en México no son la excepción, estas se encuentran bajo un esquema de gobernabilidad que se caracteriza porque el Estado se erige como el actor central, el cual se encarga de normar tanto el acceso como el aprovechamiento de esos ecosistemas que también son objeto de interés por parte de múltiples actores sociales. En este contexto, el objetivo es proponer algunas herramientas teórico-metodológicas para la comprensión de la estructura de las relaciones sociales en las anp mexicanas, lo cual, se supone, es fundamento para el diseño de intervenciones planificadas encaminadas al desarrollo de formas de gobernanza ambiental. Para ello, se retomó la perspectiva teórica del capital social (cs) con énfasis en el cs estructural, por su capacidad explicativa en relación con los vínculos de naturaleza horizontal y vertical, pero, sobre todo, es una herramienta que permite la comprensión de la gobernanza ambiental como un proceso socio-organizativo de carácter multiactoral.