Resumen:
La belicosidad del Estado frente al clima de violencia e inseguridad
que viven algunos países de América Latina, como México, se
ha analizado desde diferentes perspectivas, entre ellas, la visión
clásica del pensamiento hobbesiano que gira en torno a la creación
del Estado con una función esencial: la de garantizar la seguridad de
las personas y de sus bienes; y la otra, el argumento weberiano que
establece que sólo el Estado ostenta el uso de la violencia legítima.
Sin embargo, hoy ambas posturas entran en crisis ante la limitada
capacidad que ha demostrado el Estado para detener a los grupos
delictivos que desde hace varios años se han apropiado de distintos
territorios de México.
Dicha crisis acentúa las respuestas militaristas que han mostrado la
incapacidad de la militarización de la seguridad pública. Se ha justificado
y legitimado a través de valores universales, como el de la soberanía y
el de la seguridad nacional, sin estimar el daño que puede ser causado
a los ciudadanos y a la democracia en sí misma, generando un Estado
coercitivo, en donde la función policial y la función de guerra están
llegando a un punto de indistinción por el proceso de normalización
del discurso de la fuerza militar frente a las amenazas. Por ello, la
militarización de la llamada “guerra contra las drogas” se fundamenta
en dos razones: en primer lugar, por ser un tema de seguridad global,
y, en segundo lugar, al ser un peligro de alcance transnacional, donde
las funciones policiales de combate al narcotráfico se han orientado
hacia una guerra contra el enemigo, haciendo uso de las mismas
estrategias de la guerra contra el terrorismo (Corva, 2009).
Este texto tiene como objetivo problematizar respecto a la intervención
de las fuerzas militares como mecanismo para salvaguardar la soberanía
del Estado partiendo del supuesto que estamos frente a un Estado
coercitivo y, por tanto, la función policial y la función de guerra son
cada vez más indistinguibles, a pesar de que México es un país que
enarbola la democracia como sistema de gobierno.
El texto es de tipo descriptivo y explicativo y hace uso de una
base cuantitativa como punto de partida para el análisis retrospectivo
y empírico, debido a que parte de un fenómeno concreto, como es el
índice delictivo, para explicar y demostrar con datos porqué la actual
estrategia de militarización de la seguridad es una continuación de la
América Latina: Seguridad y violencia • México y los espacios urbanos 67
guerra contra el narcotráfico, y por tanto incorrecta, debido a que no
han descendido los niveles delictivos.
Para ello, el documento se divide en dos partes. En la primera
se describe la política de militarización de la seguridad pública de
las últimas dos décadas y militarización de la seguridad, así como
algunos antecedentes de ésta para el combate contra el narcotráfico
en el siglo XX. En el segundo apartado se analiza el incremento
de la violencia y la delincuencia como principal argumento de la
militarización de la seguridad, el análisis estadístico se enfoca en
cinco indicadores asociados a la inseguridad: homicidio, feminicidio,
secuestro, extorsión y robo, desde que, formalmente en diciembre de
2006, el entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa,
desplegó elementos de las Fuerzas Armadas (FFAA) –ejército y marina–
para combatir al crimen organizado hasta 2021, mitad del sexenio
de Andrés Manuel López Obrador. Por último, se presentan algunas
conclusiones centrando la atención en la evolución del despliegue de
las Fuerzas Armadas realizando labores de seguridad pública, acción
que ahora se complementa con el despliegue de activos de la Guardia
Nacional que permitan ver los principales retos y desafíos que México
debe enfrentar en la segunda mitad del sexenio de AMLO.